Autor: Raúl Pardo-Geijo Ruiz, abogado penalista en Murcia
Recibir una notificación judicial, una citación policial o simplemente saber que se está siendo investigado por un delito es una de las situaciones más inquietantes a las que puede enfrentarse una persona. La mayoría de quienes pasan por esta experiencia nunca han tenido contacto previo con la justicia penal y, de repente, se ven obligados a tomar decisiones importantes sin saber exactamente cuáles son sus derechos ni qué consecuencias puede tener cada paso.
En España, la forma en la que se actúe desde el inicio de una investigación penal puede resultar determinante para el desenlace del procedimiento. Por eso, es esencial entender qué significa realmente estar investigado y cómo conviene actuar.
Qué significa estar investigado en un procedimiento penal
Desde hace algunos años, el término “imputado” ha sido sustituido legalmente por el de “investigado”. Estar investigado no equivale a ser culpable ni supone, por sí solo, que el procedimiento vaya a terminar en juicio. Significa únicamente que un juez aprecia la existencia de indicios que justifican la apertura de una investigación para esclarecer unos hechos que podrían ser delictivos.
En la práctica, muchas investigaciones penales se archivan sin llegar a formular acusación. Sin embargo, la fase de instrucción es decisiva, porque es en ese momento cuando se recogen las pruebas y se fijan los hechos sobre los que se construirá, o no, una acusación futura.
La importancia de no actuar de forma precipitada
La reacción inicial ante una investigación penal suele ser emocional. El miedo, la indignación o la necesidad de justificarse llevan a algunas personas a dar explicaciones apresuradas o a intentar “arreglar” la situación por su cuenta. Este tipo de decisiones, tomadas sin asesoramiento, suelen ser perjudiciales.
Cualquier manifestación realizada ante la policía, ante terceros o incluso ante la presunta víctima puede acabar incorporándose al procedimiento. Por eso, el primer consejo es claro: mantener la calma y no realizar ninguna actuación relevante sin haber recibido orientación jurídica adecuada.
El derecho a guardar silencio como herramienta de protección
Uno de los derechos fundamentales del investigado es el derecho a no declarar o a hacerlo únicamente cuando lo considere oportuno. Guardar silencio no es una admisión de culpabilidad ni puede utilizarse en contra de la persona investigada.
En muchos casos, resulta prudente no declarar en una fase inicial, especialmente cuando se desconoce el contenido exacto de las actuaciones o las pruebas existentes. Declarar sin preparación puede generar contradicciones, reforzar una acusación incipiente o limitar futuras líneas de defensa.
Decidir si conviene declarar, cuándo hacerlo y en qué términos es una cuestión estratégica que debe analizarse caso por caso.
Contar con un abogado penalista desde el primer momento
La intervención temprana de un abogado penalista es clave en cualquier investigación penal. No se trata solo de estar acompañado en una declaración, sino de analizar el procedimiento en su conjunto, conocer qué se está investigando realmente y diseñar una estrategia de defensa coherente desde el inicio.
Un abogado penalista puede acceder a las actuaciones judiciales, valorar la solidez de los indicios, proponer diligencias de prueba y orientar al investigado sobre los riesgos y oportunidades del procedimiento. Retrasar esta asistencia suele reducir las posibilidades de una defensa eficaz.
Conocer la situación procesal real
No todas las investigaciones se encuentran en el mismo punto ni tienen la misma gravedad. Es fundamental saber si se trata de una investigación incipiente, de una causa con diligencias avanzadas o de un procedimiento que podría transformarse en una fase intermedia previa al juicio.
Comprender el estado real del procedimiento permite tomar decisiones informadas y reduce la incertidumbre. La información precisa es una herramienta esencial para afrontar un proceso penal con serenidad.
Evitar actuaciones que puedan empeorar la situación
Es relativamente frecuente que, con buena intención, algunas personas intenten contactar con la otra parte, aportar documentos sin asesoramiento o explicar su versión de los hechos de manera informal. Estas actuaciones pueden ser malinterpretadas y, en algunos casos, dar lugar a consecuencias penales adicionales.
Cualquier comunicación, aportación de pruebas o iniciativa debe canalizarse a través del abogado, que valorará su conveniencia y el momento adecuado para realizarla.
Prepararse correctamente para una eventual declaración
Si finalmente se decide declarar, es fundamental hacerlo con preparación. Una declaración bien planteada puede contribuir a esclarecer los hechos o incluso al archivo de la causa, mientras que una declaración improvisada puede convertirse en el principal soporte de una acusación.
El asesoramiento previo permite conocer el alcance de las preguntas, evitar respuestas innecesarias y proteger los derechos del investigado durante todo el acto.
La investigación penal no determina el resultado final
La fase de investigación no es el final del procedimiento. Muchas causas penales se archivan por falta de pruebas, inexistencia de delito o vulneración de derechos fundamentales. Precisamente por eso, la forma de actuar durante esta fase es tan importante.
La defensa penal eficaz no comienza en el juicio, sino en el primer momento en que una persona tiene conocimiento de que está siendo investigada.
Afrontar la investigación con información y estrategia
Ser investigado por un delito es una experiencia difícil, pero no debe afrontarse desde el miedo ni la improvisación. Contar con información clara, asesoramiento especializado y una estrategia jurídica adecuada permite proteger los derechos del investigado y aumentar significativamente las posibilidades de un resultado favorable.
El derecho penal exige precisión, experiencia y prudencia. Cada decisión cuenta, especialmente al inicio del procedimiento.
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